Hoy.es«Si no pago este mes, me pueden echar de casa». Esta conversación forma parte de algunas familias pacenses que tienen dificultad para pagar su hipoteca.
Estas personas se adentraron hace años en la aventura de adquirir una vivienda en propiedad, y la aventura se ha convertido en una operación de riesgo para quienes se han quedado en el paro o tienen problemas de liquidez. En la actualidad casi 78.000 pacenses engordan la lista del paro en la provincia. Detrás de esta cifra existen familias con una hipoteca a su cargo.
Según las estimaciones actuales, un núcleo familiar no debe destinar más de un 40% de su salario a pagar una vivienda, pero desde que la crisis dejó sentir sus efectos, los clientes destinan hasta el 70% de su salario a su crédito.
José es uno de los pacenses que contrató su hipoteca hace unos años y ahora tiene problemas. Tiene tres hijos y destina a la hipoteca el 70% de sus ingresos. Contrató la hipoteca en 2003. Según explica, era otra época. Sus condiciones de salario y trabajo le permitían asumir el importe de un inmueble sin demasiados problemas. El escenario ha cambiado y ahora trabaja por temporadas. Durante 4 meses al año está en el paro.
«Antes vivíamos bien. Pagábamos la hipoteca con holgura. La cosa ha cambiado. Lo hemos pasado muy mal durante estos tres últimos años. Hemos andando en la cuerda floja», explica este pacense.
José prefiere permanecer en el anonimato. Reconoce que no ha pagado la mensualidad en más de una ocasión. En momentos de más dificultad ha optado por seguir pagando, pero en pequeñas cantidades. «Mientras que les pagues, aunque sea poco, el banco mantiene una posición benévola», comenta.
La historia José no resulta un hecho aislado en Badajoz. Aquellos que dejan de abonar las mensualidades son conscientes de que la morosidad hipotecaria implica un proceso de embargo, denominado ejecución hipotecaria.
Embargos y ejecuciones
Un análisis de los datos de ejecuciones hipotecarias indica que el número de procesos judiciales se ha incrementado en un 50% desde 2008. Según recoge el Consejo General del Poder Judicial, en 2008 se registraron 448 ejecuciones hipotecarias en la provincia, frente a las 877 registradas en 2010.
La cifra total de procesos registrados ente 2008 y 2010 en locales y viviendas fue de 2.005 ejecuciones, según recoge la tabla estadística del Poder Judicial.
Por otro lado, el número de embargos ejecutados en 2008 fue de 990. Mientras, en 2010 se realizaron 1.258. En el periodo de 2008-2010 el número total de órdenes de desahucio ascendió a 3.471 en la provincia pacense.
Ubaldo Arias, responsable de la Asociación Adicae en Badajoz, explica que el perfil de los pacenses sometidos a un proceso de embargo no es solo el de desempleados. También existen casos de personas 'sobreendeudadas' como consecuencia de unos gastos a los que no pueden hacer frente, explica. Lo han hecho a través de la adquisición de los créditos fáciles.
Existen otros casos en los que los afectados disponen de patrimonio, pero no de liquidez con la que hacer frente a la mensualidad. Aquí entrarían los empresarios.
Arias advierte que las personas sometidas a estos procesos son sensibles de sufrir exclusión social. El problema reside -explica- en que una vivienda o local embargado por el banco sale a subasta por un valor inferior al que fue tasado cuando se hizo la hipoteca.
En caso de que la subasta de la vivienda quede desierta, se vende por el 50% del precio de salida. Por ello la persona afectada aún debe hacer frente al pago de la otra mitad. El resto de la deuda que no cubre la venta de la casa sigue viva y sigue generando intereses, ante lo que el banco puede embargar los bienes de la familia, advierte Arias. En ese caso, la persona estaría sin recursos y sin una vivienda.
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